⚖️ La Justicia dispuso que una mujer imputada por fraude continúe privada de su libertad mientras progresa la investigación preparatoria en su contra. La sospechosa está señalada como la presunta autora de un millonario desfalco ejecutado a partir del hallazgo de un plástico bancario ajeno. Su captura se produjo en el interior de una entidad financiera, momento en el cual un agente de seguridad privada logró identificarla y proceder a su inmediata aprehensión.
📅 Las actuaciones judiciales circunscriben el raid delictivo dentro del período que abarca desde el 27 de enero hasta el 10 de febrero de 2026. Según las hipótesis que manejan los investigadores, la mujer se habría apropiado de la tarjeta de crédito y de un Documento Nacional de Identidad que se encontraban extraviados en la vía pública, más precisamente en el sector conocido como El Bajo. Lejos de reportar el hallazgo a las autoridades o a su legítima dueña, optó por utilizar los elementos simulando ser la titular de los mismos.
🛒 El perjuicio económico provocado asciende a sumas alarmantes. En la modalidad presencial, la involucrada habría concretado transacciones en diferentes locales comerciales de la capital tucumana por un monto de $3.234.659,08. En paralelo, la investigación detectó operaciones a través de plataformas virtuales de pago que alcanzaron los $2.200.000. No conforme con esto, la maniobra se habría sofisticado al adulterar o descargar un recibo de haberes ajeno con el fin de tramitar una línea de crédito y adjudicarse un préstamo personal por $2.646.000, un modus operandi que se habría reiterado en otras gestiones financieras.
📌 El Ministerio Público Fiscal imputó formalmente a la mujer por un total de 11 hechos ilícitos, entre los que se destacan las figuras de estafa reiterada, falsificación de instrumento privado, usurpación de identidad y apropiación indebida de cosa perdida. Durante la audiencia, el magistrado interviniente hizo lugar de manera parcial a los requerimientos de la fiscalía, dictando la prisión preventiva por un plazo de 30 días con el objetivo de asegurar la producción de pruebas y evitar el entorpecimiento de la causa.