Una trabajadora marroquí tenía autorización para mudarse a España y trabajar como peón de ganado ovino en Pradosegar, Ávila. La Subdelegación del Gobierno ya había dado luz verde: contrato indefinido, jornada de 40 horas semanales, un mes de prueba, 30 días de vacaciones y sueldo según convenio. Todo prolijo, todo presentado.
Pero el Consulado General de España en Tetuán miró el caso con desconfianza. Tras entrevistarla, concluyó que el contrato podía ser una excusa para emigrar y no una necesidad laboral real. 🐑📄
La mujer explicó que sabía qué tareas iba a hacer, dónde viviría, cuánto cobraría aproximadamente y quién era su empleador. También dijo que conocía al empresario desde hacía tiempo, que lo trataba como alguien cercano, “como de la familia”, y que tenía familiares en España.
Para el consulado, esos datos generaban sospecha. Para la Justicia, no alcanzaban.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la negativa y ordenó concederle el visado. La resolución fue dictada el 27 de julio y marcó un punto clave: una impresión no puede pesar más que un expediente autorizado si no hay datos objetivos.
curiosidad
En España, un visado laboral puede pasar por dos filtros: primero la autorización dentro del país y después la revisión consular en el lugar de origen.