El Gobierno ha implementado una serie de cambios en los registros automotores que eliminan la obligatoriedad de presentar el “libre deuda” de patentes y multas para tramitar la transferencia de vehículos usados. A partir de este mes, los Registros Automotores ya no cobrarán los impuestos y tasas relativos a la radicación de automotores y de sellos, ni las multas por infracciones de tránsito cometidas en jurisdicciones provinciales o municipales. Según explicó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ahora será responsabilidad de cada jurisdicción la percepción de estos impuestos y multas.
Esto significa el fin del requisito obligatorio del libre deuda, que hasta ahora permitía a los registros automotores frenar el trámite de transferencia si existían impagos. Con esta medida, el vendedor y comprador del vehículo usado podrán acordar entre partes cómo resolver esas deudas.
Sebastián Amerio, secretario de Justicia y responsable de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, señaló que “a partir de ahora los gobiernos van a tener que hacerse responsables ante los ciudadanos de los impuestos, tasas y retenciones que les cobran”. Amerio destacó que los argentinos tienen el derecho de saber a dónde se destina el dinero que el Estado retiene, y que esta medida es un avance en esa dirección.
El funcionario también subrayó que la eliminación de los convenios que permitían a los Registros Seccionales cobrar estos impuestos y tasas es conveniente, ya que esta operatoria era ajena al desarrollo de la actividad registral.
Además de la eliminación del libre deuda, las medidas incluyen una reducción al 1% del arancel de transferencia, la eliminación de cargos por cédulas de identificación, títulos y chapas patentes, y la creación del Legajo Digital Único (LDU). Este LDU facilitará un servicio de inscripción abierto, accesible y estandarizado bajo jurisdicción nacional, permitiendo las inscripciones o anotaciones solicitadas por los titulares registrales o intermediarios autorizados para todos los automotores.
El Gobierno instruyó a los Encargados de Registros Seccionales para que procesen los trámites peticionados a través de cualquier Solicitud Tipo y procedan con su calificación y posterior inscripción u observación, basándose en la información del Certificado Digital Automotor (CDA) disponible en el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA), sin necesidad de validación previa por parte del Registro Seccional de radicación del automotor.
La normativa también elimina “los polígonos de la jurisdicción seccional” y establece una jurisdicción única en todo el territorio nacional, lo que permite la libre elección del Registro Seccional para realizar trámites.
Según el Ejecutivo, la digitalización de estos instrumentos implica una mejora sustancial en la eficiencia y calidad de las tramitaciones internas del sistema registral, reduciendo tiempos y costos asociados al envío físico de la documentación y legajos, y disminuyendo los riesgos de robo o extravío durante el traslado a través de los servicios de correos.
Finalmente, se redujo el costo del trámite de inscripción inicial y transferencia de automotores, motovehículos, maquinaria agrícola vial e industrial, y se aplicarán una serie de descuentos sobre estos precios. Según el Gobierno, estas modificaciones representan un ahorro mensual adicional de $1.300 millones para la Administración Pública, y permitirán que regresen al bolsillo de los argentinos más de $36.000 millones por año.