El Senado frente a una votación clave: se negocian cambios en la Ley de Tierras para destrabar los votos 🏛️
Tras varias semanas de intensas negociaciones en los pasillos del Congreso, el oficialismo movió sus fichas para evitar un tropiezo legislativo. Con el objetivo de reunir las voluntades necesarias en la Cámara alta, el Gobierno introdujo modificaciones en el proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el cual incluye un retoque profundo a la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
El punto álgido de la normativa pasa por la regulación de la compra de superficies rurales por parte de capitales extranjeros. Frente a la resistencia inicial que generaba la idea de una apertura total, el Poder Ejecutivo optó por una redacción intermedia que modera la flexibilización.
Los cuatro retoques centrales del dictamen:
- Suba del tope nacional: se eleva el límite de tierras rurales en manos extranjeras del 15% al 25%.
- Techo provincial: se fija un límite idéntico del 25% a nivel provincial.
- Autonomía jurisdiccional: las provincias mantendrán la facultad de regular, autorizar o restrinjir las operaciones en sus territorios.
- Núcleo duro de propiedad privada: se incorporan cláusulas relativas a desalojos y usurpaciones, pilar central de la iniciativa oficial.
La jugada estratégica fue encabezada por la senadora oficialista Patricia Bullrich, quien busca abroquelar a los bloques aliados en una votación que en la previa se anticipa finísima.
«El nuevo tope del 25% demuestra que no se busca una apertura irrestricta, sino una flexibilización para ampliar el ingreso de capitales sin eliminar los controles», argumentaron desde el entorno de Bullrich, destacando además la urgencia de atraer divisas en los sectores agropecuario, forestal y energético, brindar mayor seguridad jurídica y no quedar en desventaja normativa frente a los países de la región.
Frente de rechazo: intendentes, ambientalistas y gremios
El proyecto enfrenta un escenario complejo fuera del recinto. La Federación Argentina de Municipios (FAM), entidad que representa a más de 500 jefes comunales de todo el país, emitió una dura advertencia solicitando el rechazo de la medida.
Desde la FAM remarcaron el riesgo de una extranjerización del territorio rural, la pérdida de soberanía sobre bienes estratégicos como el agua, los minerales, los bosques y las zonas de frontera, sumado a la falta de una instancia de discusión federal previa.
«La tierra no es una mercancía más», sentenciaron los intendentes en un pronunciamiento público. 📣
En paralelo, organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas convocaron a movilizaciones en diversos puntos del país. Advierten que la concentración de tierras puede golpear directamente sobre humedales y bosques nativos. En Entre Ríos, la Multisectorial por los Humedales encendió las alarmas por la vulnerabilidad en la que quedarían los sistemas de islas frente al capital transnacional.
¿Qué puede pasar en el recinto?
El escenario legislativo continúa abierto y sin margen para el descuido. Si el oficialismo logra consolidar el respaldo de los sectores provinciales y dialoguistas, obtendrá la media sanción y enviará el texto a la Cámara de Diputados. De lo contrario, la iniciativa correría el riesgo de volver a comisión o quedar sujeta a nuevos retoques sobre la marcha. ⚠️
Curiosidad
La Ley 26.737 de Tierras Rurales fue promulgada originalmente en diciembre de 2011. Al momento de su aprobación, no se conocía con certeza qué porcentaje del territorio nacional estaba efectivamente en manos de extranjeros. La propia ley obligó a realizar un censo registral posterior a su sanción. Cuando se completó el relevamiento, los datos oficiales mostraron que la extranjerización nacional rondaba apenas el 5,01%, un valor muy por debajo del techo del 15% que fijaba la norma original.