El reciente decreto del Poder Ejecutivo, que redefine la “ejecución pública” de música y exime a hoteles, bares y salones de fiesta de pagar derechos por la reproducción de contenidos, ha generado un fuerte debate en la industria musical y en las entidades de gestión colectiva de derechos de autor, como Sadaic y Aadi. La nueva normativa, celebrada por sectores del turismo y el entretenimiento, busca aliviar la carga económica sobre estos rubros, pero desde las organizaciones de autores y compositores se advierte sobre el impacto negativo que tendrá en los ingresos de los creadores de música.
Guillermo Ocampo, Director General de Sadaic, expresó su preocupación en una entrevista reciente, calificando la medida como “injusta” y un atentado contra los derechos de propiedad intelectual. Según Ocampo, el decreto afecta el 18% de los ingresos de Sadaic y perjudica a más de 50.000 autores y compositores que dependen de estos derechos para generar ingresos por su trabajo.
El debate se centra en la interpretación de lo que constituye una “ejecución pública”. El decreto redefine este concepto, permitiendo que eventos en salones de fiesta y la reproducción de música en hoteles sean considerados de carácter “privado”, lo que evitaría el pago de los derechos. Sin embargo, Ocampo subraya que esta medida desprotege el trabajo de los creadores, quienes deberían seguir percibiendo una remuneración por el uso de sus obras, tal como lo establece la Constitución Nacional.
Este tema plantea una tensión entre los derechos de los creadores y la necesidad de alivianar los costos operativos de ciertos sectores, pero lo que queda claro es que la música, una parte esencial de cualquier evento, no debería ser invisible en el presupuesto de quienes la utilizan para generar un beneficio económico.