El gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 138/25, estableciendo una transformación significativa en la administración de los derechos de autor en Argentina. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, permite que los artistas gestionen sus derechos sin la intermediación obligatoria de sociedades de gestión colectiva (SGC). Esto abre la puerta a acuerdos directos y a la creación de nuevas entidades que puedan competir con organizaciones como la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC).
El decreto ha generado un intenso debate dentro del ámbito cultural. Mientras el gobierno sostiene que esta desregulación traerá mayor libertad y eficiencia, entidades como SADAIC y Argentores advierten sobre las posibles consecuencias negativas de la medida. Con posiciones encontradas y la posibilidad de acciones judiciales en el horizonte, el futuro del sistema de gestión de derechos en Argentina enfrenta un momento de cambio clave.
Argumentos del gobierno y el objetivo de la reforma
Federico Sturzenegger explicó que la nueva normativa busca eliminar lo que considera un mecanismo de control estatal que permitía al gobierno ejercer presión sobre los artistas. Según el ministro, el esquema vigente desde la década de 1970 creó una estructura burocrática que podía beneficiar o perjudicar a los creadores en función de decisiones políticas.
Entre los cambios centrales que introduce el DNU 138/25 se destacan:
- Autogestión de derechos: Los artistas podrán elegir libremente quién los representa o incluso representarse a sí mismos.
- Fin del monopolio de SADAIC y otras entidades: Se habilita la creación de nuevas organizaciones que compitan en la gestión de derechos de autor.
- Acuerdos directos: Los creadores podrán negociar directamente con quienes utilicen sus obras, sin necesidad de intermediarios.
- Mayor transparencia: Se espera que la competencia entre entidades de gestión colectiva incentive mejores prácticas en la administración de los derechos de autor.
Fuentes oficiales informaron a Infobae que próximamente se dictarán normas complementarias para modificar los decretos que regulan entidades como AADI-CAPIF y SAGAI, permitiendo la competencia y la celebración de acuerdos bilaterales. Además, las sociedades de gestión no podrán establecer privilegios entre distintos tipos de socios en la administración y distribución de los derechos.
Desde el gobierno, sostienen que la medida busca modernizar el sector cultural, alineándolo con modelos internacionales que consideran más eficaces y equitativos.
La postura de SADAIC: rechazo y posible acción judicial
La Sociedad Argentina de Autores y Compositores expresó su rechazo al decreto mediante un comunicado contundente: “La música tiene valor y quieren regalar nuestro trabajo”. La organización argumenta que la medida desconoce el derecho constitucional de los autores a recibir una retribución justa por la explotación de sus obras. Según SADAIC, al fomentar la desregulación, el gobierno pone en riesgo la estabilidad económica de miles de músicos y trabajadores del sector.
La entidad, que representa a más de cuatro millones de autores a nivel mundial y mantiene acuerdos con sociedades de otros países, advierte que la reforma podría dificultar la recaudación y el cobro de regalías en el extranjero.
SADAIC adelantó que está evaluando llevar la disputa a instancias judiciales y políticas, defendiendo el modelo de gestión colectiva como la mejor opción para garantizar la protección de los creadores.
Argentores y su crítica a la reforma
Otra entidad que manifestó su oposición fue Argentores, que representa a autores teatrales, televisivos, radiales y cinematográficos. En su comunicado, la organización destacó que las sociedades de gestión colectiva no solo administran los derechos de autor, sino que también brindan asistencia social a sus socios.
Según Argentores, más de mil personas dependen de estas entidades para acceder a pensiones, asistencia médica, consultorios psicológicos y asesoramiento legal. “La gestión colectiva acompaña a los creadores a lo largo de su vida y los protege cuando su actividad disminuye. Jamás la gestión individual podrá reemplazar este sistema”, afirmaron.
La visión de Teresa Parodi
Teresa Parodi, protesorera de SADAIC y exministra de Cultura, también cuestionó el decreto, señalando que existe una gran desinformación sobre el funcionamiento de la entidad.
Parodi recordó que SADAIC fue fundada en 1936 por músicos y compositores como Francisco Canaro, Osvaldo Fresedo, Enrique Santos Discépolo y Juan de Filiberto, con el propósito de garantizar el cobro de sus derechos, algo que en forma individual resultaba inviable.
“SADAIC es una sociedad privada, sin fines de lucro, creada por los propios músicos. No tiene ninguna vinculación con el Estado”, enfatizó.
Respecto a la posibilidad de que los artistas gestionen sus derechos de manera independiente, Parodi se mostró escéptica. “La gestión individual es impracticable. No funciona. Esto sí va a perjudicar la recaudación”, advirtió.
Pese a la nueva normativa, confía en que la mayoría de los autores seguirá optando por SADAIC como su entidad de representación. También aclaró que la organización no es un impuesto, como algunos sectores han intentado argumentar.
“Estoy segura de que los creadores que formaron y sostienen esta sociedad no se irán de SADAIC”, concluyó.