El primer ministro de Suecia admite que consulta a ChatGPT

🗣️ El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, sorprendió al admitir que consulta con frecuencia a herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y LeChat, su par francés, para obtener una “segunda opinión” sobre decisiones de gobierno.

📰 En una entrevista con el diario económico Dagens industri, Kristersson, líder del partido Moderado y al frente de una coalición de centroderecha, confesó:

“Yo mismo lo uso bastante seguido. Aunque sea solo para tener una segunda opinión. ¿Qué han hecho otros? ¿Y deberíamos pensar exactamente lo contrario?”

🔍 Tras sus declaraciones, varios expertos en tecnología alzaron la voz. Temen que el uso de IA en tareas gubernamentales implique riesgos para la seguridad nacional, especialmente cuando se trata del máximo responsable del Ejecutivo.

📉 El diario Aftonbladet fue lapidario: acusó al primer ministro de haber “caído en la psicosis de la IA de los oligarcas” y alertó que sus preguntas podrían quedar registradas “en un servidor estadounidense”.

👩‍🔬 Simone Fischer-Hübner, investigadora en informática de la Universidad de Karlstad, advirtió que es necesario actuar con mucha precaución:

“Hay que tener mucho cuidado”.

💻 ChatGPT, desarrollado por OpenAI, está diseñado para mantener conversaciones en lenguaje natural y generar texto, pero no fue concebido para manejar asuntos de Estado.

📢 Frente a la ola de críticas, el vocero del primer ministro, Tom Samuelsson, intentó calmar las aguas:

“Naturalmente, no se trata de información sensible desde el punto de vista de la seguridad. Se utiliza más bien como una referencia general”.

⚠️ Sin embargo, desde la Universidad de Umeå, la profesora Virginia Dignum alertó:

“Cuanto más dependa de la IA para cosas simples, mayor es el riesgo de generar una confianza excesiva en el sistema. Es una pendiente resbaladiza”.

🗳️ Y cerró con una frase filosa:

“Nosotros no votamos a ChatGPT”.


📌 Curiosidad: En Suecia, existen directrices gubernamentales sobre el uso ético de la IA por parte de funcionarios públicos, pero aún no hay una legislación que lo regule explícitamente. Esta polémica podría acelerar el debate en el Parlamento.