La política boliviana se encuentra en el centro de una nueva tormenta. El ex presidente Evo Morales, líder del MAS (Movimiento al Socialismo), es investigado por supuestos delitos de estupro y trata de personas, en medio de crecientes acusaciones cruzadas entre su equipo legal y el gobierno del actual mandatario, Luis Arce. La polémica escaló en los últimos días luego de que se emitiera una orden de captura contra Morales, desencadenando una serie de denuncias por persecución política y maniobras judiciales.
La defensa de Morales, encabezada por el abogado Orlando Ceballos, acusó a Arce de utilizar las instituciones del Estado para llevar a cabo una “vendetta política” contra el ex presidente, a raíz de su protagonismo en la reciente “Marcha para salvar Bolivia”, una movilización que buscaba su habilitación como candidato para las elecciones de 2025. Ceballos aseguró que la investigación carece de fundamentos, afirmando que no existe denuncia formal en contra de Morales.
El conflicto se intensificó tras la destitución de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien llevaba adelante la investigación. Gutiérrez denunció haber sido removida de su cargo por negarse a frenar el proceso judicial, y aseguró que su destitución fue ordenada directamente por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. Según la ex fiscal, las pruebas presentadas en el caso provenían de un informe de inteligencia que vinculaba a Morales con una supuesta víctima de trata, menor de edad al momento de los hechos. Ante estas pruebas, Gutiérrez emitió una orden de aprehensión que fue revocada en el último momento por una acción judicial en Santa Cruz.
Por su parte, Evo Morales utilizó sus redes sociales para desestimar las acusaciones y reafirmar que no se dejará intimidar. “¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”, escribió en X, insistiendo en que se trata de una persecución política similar a las que enfrentó en el pasado por parte de gobiernos neoliberales.
El caso por el que se investiga a Morales es por el supuesto delito de “trata y tráfico de personas” y “habría ocurrido” cuando la supuesta víctima “tenía 15 años” en una provincia de Tarija, si bien Gutiérrez se excusó de dar mayores detalles al haber una menor de edad relacionada.
Gutiérrez señaló que “los antecedentes vienen de un informe de inteligencia” y denunció que supuestamente hay “órdenes específicas” de Lanchipa “de no hacer absolutamente nada” sobre este caso.
“Yo no puedo dejar. Cómo va a creer entonces la sociedad, las víctimas, cómo van a acudir ante el Ministerio Público, sea del departamento que sea, si va a haber esa intromisión”, dijo.
También señaló que analizará la posibilidad de presentar una denuncia internacional “porque el delito de trata y tráfico es un delito de lesa humanidad”.
Curiosidad: En medio de esta tensa situación, Morales lideró recientemente una caminata de 187 kilómetros desde Caracollo hasta La Paz, en lo que muchos interpretaron como un intento simbólico de recobrar el apoyo popular de cara a las elecciones de 2025.