Australia propone prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales

En un paso hacia la regulación de las redes sociales, el Gobierno de Australia ha presentado una propuesta legislativa que busca restringir el acceso de menores de 16 años a plataformas como Instagram, TikTok y Facebook. La medida, impulsada por el primer ministro Anthony Albanese, responde a preocupaciones sobre el impacto de estas plataformas en la salud mental de los jóvenes y sigue una tendencia global de endurecimiento en el uso de las redes sociales por parte de los menores.

El anuncio, realizado por Albanese en Camberra, confirmó la decisión tomada esta semana por el Consejo de Ministros: establecer la edad mínima para acceder a redes sociales en 16 años. Según el mandatario, esta limitación permitirá a los padres respaldarse en la ley para negar el acceso a sus hijos menores, en línea con normativas ya existentes, como la prohibición de venta de alcohol a menores de 18 años. “Las redes sociales están perjudicando a nuestros hijos y voy a ponerle fin”, enfatizó el primer ministro, reiterando su compromiso con la protección de los jóvenes.

La propuesta contempla la responsabilidad de las plataformas, que deberán implementar “medidas razonables” para hacer cumplir el límite de edad. La Comisión Australiana de Seguridad Electrónica estará encargada de establecer las normativas que guiarán a las redes sociales en este proceso. Aunque no se impondrán sanciones a los usuarios ni a los padres, el cumplimiento recaerá sobre las empresas propietarias de las plataformas, que deberán ajustar sus sistemas de verificación de edad.

Australia se suma así a otros países que ya han adoptado restricciones en el acceso de los jóvenes a redes sociales. En España, por ejemplo, la edad mínima para acceder es de 14 años, con planes de elevarla a 16. En Puerto Rico, el límite se fijó en 18 años, mientras que en estados de Estados Unidos como Texas y Florida también existen restricciones similares. En Nueva York, además, se han aprobado leyes que obligan a obtener consentimiento paterno para el uso de algoritmos adictivos y limitan la recopilación de datos de menores.