En medio de la controversia por el fraude electoral en Venezuela, el gobierno argentino analiza romper relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro y coordinar una represalia regional. Sin embargo, enfrenta dificultades debido a la situación de seis asilados en la embajada argentina en Caracas.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Diana Mondino, se cuestionó la transparencia de las elecciones y se exigió una revisión independiente de los resultados. Argentina se unió a un comunicado junto a otros países latinoamericanos, solicitando una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA para abordar la crisis.
El presidente Javier Milei instruyó a sus funcionarios a buscar una respuesta contundente por parte de bloques regionales como la OEA. Sin embargo, la posición neutral de Brasil, presidido por Lula da Silva, complicaría la adopción de medidas más drásticas.
El Problema de los Asilados en la Embajada
La posible ruptura de relaciones plantea un problema: la situación de Omar González y otros cinco opositores al chavismo asilados en la embajada argentina en Caracas. Si la embajada cierra, estos individuos quedarían expuestos a ser detenidos por el régimen de Maduro, que ya ha rechazado varias solicitudes de salvoconducto.
La canciller Mondino confirmó que un grupo de encapuchados intentó ingresar a la sede diplomática, aunque sin éxito. Mondino subrayó que Venezuela tiene la obligación de permitir la salida segura de los asilados junto a los diplomáticos argentinos en caso de una retirada.
Para proteger a los asilados, Argentina evalúa transferirlos a otra embajada en Caracas que no esté en riesgo de cierre, como la de Brasil. Los edificios de otros países latinoamericanos que firmaron el comunicado conjunto con Argentina no serían opciones viables, ya que Maduro también ha solicitado la retirada de sus representantes.
El presidente Milei, en un video dirigido al pueblo venezolano, condenó el fraude electoral y reafirmó su apoyo a los opositores al régimen de Maduro, destacando la determinación de Argentina en buscar justicia y transparencia en la región.