En medio de un escenario inflacionario y de constantes cambios en la legislación sobre alquileres, el mercado inmobiliario argentino se encuentra en una encrucijada. La reciente derogación de la Ley de Alquileres a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei ha intensificado el debate entre propietarios e inquilinos. Mientras la ciudad de Buenos Aires experimenta un incremento del 260% en los alquileres, el acceso a la vivienda se complica aún más por la escasez de ofertas y los altos costos.
Los propietarios ven en el retorno al mecanismo del Código Civil y Comercial, junto con la opción de acuerdos directos entre las partes, una oportunidad para relajar las presiones del mercado. En cambio, desde el sector de los inquilinos, el rechazo es evidente. Grupos como la Asociación Civil Inquilinos Agrupados y la Fundación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad han presentado recursos de amparo contra el DNU, alegando la necesidad de una intervención estatal más fuerte en el mercado inmobiliario.
La situación actual plantea numerosos interrogantes para los inquilinos, especialmente en cuanto a posibles violaciones contractuales y propuestas de incrementos en los alquileres vigentes. El Movimiento Inquilino Nacional aconseja mantener una buena relación con las inmobiliarias y negociar teniendo en cuenta que el alquiler no debería superar el 35% del salario, una meta que actualmente parece inalcanzable para muchos.
Además, se propone que el Índice de Contratos de Locación (ICL) se vincule al salario y se actualice semestralmente, buscando aliviar la carga sobre los inquilinos. No obstante, la accesibilidad sigue siendo un desafío, dada la persistente dificultad para acceder a alquileres a precios razonables.
En este contexto, la negociación entre propietarios e inquilinos se torna aún más compleja. Los propietarios buscan proteger su inversión y obtener un retorno adecuado, mientras que para los inquilinos, la vivienda es un derecho básico y fundamental. En ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza, los precios de los alquileres siguen en aumento, lo que agudiza la situación.
La Asociación de Inquilinos de Córdoba y del Movimiento Nacional enfatiza la importancia de la organización y la acción colectiva para enfrentar estos desafíos. La meta es establecer condiciones más favorables para los inquilinos y rechazar el DNU, que consideran inconstitucional. Además, se busca una mayor atención a los altos costos asociados con la formalización de nuevos contratos y las comisiones inmobiliarias, que suelen recaer sobre los inquilinos.
Esta situación refleja un dilema profundo en el mercado inmobiliario argentino, donde la vivienda, más que un simple bien de mercado, es un derecho esencial que requiere una solución equitativa y sostenible para todas las partes involucradas.