Una junta médica evaluará el próximo 10 de febrero todos los estudios realizados hasta el momento para determinar si Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido como Pity Álvarez, se encuentra en condiciones de afrontar el juicio por homicidio agravado y otros delitos por los que permanece procesado. El análisis se realizará en el marco del proceso judicial que se encuentra suspendido a la espera de informes sobre la salud mental del músico.
En este contexto, el fiscal Sandro Abraldes ordenó que cuatro oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) asistieran al recital que Álvarez brindó el pasado 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba. El objetivo fue registrar imágenes del espectáculo para aportar nuevos elementos de evaluación a la junta médica.
Según consta en el expediente judicial, los agentes intentaron ingresar al estadio acreditándose como prensa, pero no obtuvieron autorización. Ante esta situación, desde la Fiscalía Nacional N°27 se envió un correo electrónico a la Agencia Córdoba Deportes, presidida por Agustín Calleri, solicitando que se facilitara el acceso de los policías al evento para cumplir tareas de investigación dispuestas en el marco de la causa.
Fuentes judiciales indicaron que la agencia deportiva provincial notificó a allegados de Pity Álvarez sobre la presencia policial en el recital. La hermana del músico tomó contacto con el tribunal para manifestar su descontento con la medida.
Tras estos hechos, el fiscal Abraldes presentó una denuncia penal contra Calleri por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la acusación, la agencia no habría realizado gestiones para permitir el ingreso de los oficiales y, además, habría advertido al entorno del imputado sobre el operativo judicial.
Desde la Agencia Córdoba Deportes respondieron que no estaban en condiciones de autorizar el ingreso de la Policía Federal debido a que la organización y el control del evento estaban a cargo de las productoras En Vivo Producciones S.A. y Pop Art Music. Finalmente, la empresa encargada de la comercialización de entradas permitió el ingreso del personal policial.
No obstante, cuando los agentes comenzaron a filmar el espectáculo, un representante de Pop Art Music intervino, argumentó que la productora poseía los derechos de imagen y procedió a secuestrar el material registrado. Tras gestiones posteriores, las cámaras fueron devueltas a la PFA, que logró completar la grabación solicitada. Por este episodio, el fiscal también denunció a la empresa por presunta obstrucción a una orden judicial.
El proceso judicial contra Pity Álvarez permanece suspendido desde marzo de 2023 y su reanudación dependerá del dictamen que emita la junta médica. Las imágenes obtenidas durante el concierto en Córdoba serán evaluadas como parte del material probatorio en la audiencia prevista para el 10 de febrero.
El músico fue detenido en 2018 por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz y trasladado al penal de Ezeiza, donde inició un tratamiento en el pabellón de salud mental para abordar sus adicciones. Desde entonces, el juicio fue postergado en reiteradas oportunidades.
El recital tuvo lugar el 20 de diciembre pasado en el estadio Mario Alberto Kempes y convocó a más de 35 mil personas. Durante el espectáculo, que se extendió por aproximadamente tres horas, Pity Álvarez fue el único protagonista sobre el escenario, en una noche que reunió a público de distintos puntos del país.