La legisladora Lucía Klug presentó un proyecto para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), con el objetivo de gravar las emisiones de la actividad ganadera y destinar los fondos a mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos. La iniciativa, vinculada al principio de Responsabilidad Extendida del Productor, plantea la creación de un fondo fiduciario que compensaría el metano emitido por el sector mediante reducciones logradas a través de una gestión más eficiente de los residuos, en línea con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
El proyecto señala que la propuesta surge de la necesidad de enfrentar el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero. Según el Inventario de GEI de la Argentina, Buenos Aires genera cerca del 25% del total nacional, y dentro de esa cifra, el 27% corresponde a metano, donde la ganadería aporta el 19% y la gestión de residuos el 6%.
La legisladora argumentó que la producción ganadera emite metano principalmente por fermentación entérica y manejo de estiércol, mientras que los rellenos sanitarios y basurales también contribuyen a estas emisiones. La TAMBA alcanzaría a las empresas del sector ganadero radicadas en la provincia.
Rechazo del sector rural
La reacción de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) fue inmediata. En un mensaje publicado en redes, la entidad afirmó:
“El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”
En un comunicado, profundizaron su postura:
“La ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo.”
Además, CARBAP aseguró que la diputada Klug nunca consultó al sector durante la elaboración del proyecto. Su presidente, Ignacio Kovarsky, calificó la TAMBA como “un impuesto encubierto al trabajo rural que no mejora el ambiente ni reduce emisiones, solo agrega costos”. También cuestionó que la propuesta “penaliza al que produce y premia al que regula sin saber”.
La entidad rural volvió a remarcar la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, sosteniendo que el gobierno prioriza aumentar la presión fiscal en lugar de revisar estructuras estatales y optimizar recursos.
Contexto y antecedentes
En Argentina, el metano proviene principalmente de la agricultura y ganadería (54% del total), la industria del gas y petróleo (17%) y la descomposición de residuos sólidos (12%). La fermentación entérica del ganado bovino es la principal fuente, según datos de Our World in Data.
A nivel internacional, existe un antecedente reciente: Dinamarca será el primer país del mundo en gravar directamente las emisiones de metano del ganado. A partir de 2030, los productores deberán pagar 300 coronas (USD 44) por tonelada equivalente de CO2 emitida, cifra que aumentará a 750 coronas (USD 102) en 2035. La medida fue acordada entre el gobierno, parte de la oposición y representantes del sector productivo.
La discusión recién comienza en la provincia de Buenos Aires, pero el rechazo rural anticipa un debate intenso en torno a los costos, la efectividad ambiental y el impacto económico de la propuesta.