En el marco de la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, las defensas de Agustina Cosachov y Nancy Forlini presentaron recursos de apelación ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, cuestionando la resolución dictada el pasado 5 de noviembre.
Dicha resolución delimitó el alcance de una nulidad procesal y estableció la continuidad de los juicios en forma separada, manteniendo la validez de los actos previos y del juicio por jurados desdoblado respecto de la imputada Dahiana Gisela Madrid.
Ambos planteos coinciden en que la decisión vulnera garantías constitucionales, genera perjuicios irreparables y configura un escenario de doble persecución penal. Además, solicitaron la suspensión de la audiencia fijada para el miércoles y del debate programado para el 17 de marzo, hasta que la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro se expida de manera definitiva.
El TOC N°7 había determinado que el nuevo juicio comenzará el 17 de marzo a las 10, luego de que el primer debate fuera declarado nulo por el escándalo del documental protagonizado por la jueza Julieta Makintach, actualmente sometida a jury.
Una de las claves de la decisión judicial fue definir que la nulidad regiría a partir de la audiencia preliminar del debate oral iniciado en marzo.
En el escrito presentado por los abogados Vadim Mischanchuk y Marcelo Rodríguez Jordán, defensores de Cosachov, se afirma que la resolución impugnada provoca un “gravamen irreparable”, afectando el derecho de defensa y la igualdad ante la ley.
El planteo sostiene que la delimitación de la nulidad deja sin efecto la anulación de la decisión posterior de separar los juicios, lo que califican como una “incongruencia” y una “arbitrariedad”.
Por su parte, los abogados Nicolás D’Albora y Agustín Varela, representantes de Forlini, también apelaron la decisión, argumentando que la nulidad parcial vulnera el derecho a ser juzgada por un jurado popular, ya que esa opción fue ejercida en una audiencia que posteriormente fue declarada nula.
Ambas defensas coincidieron en cuestionar la interpretación judicial sobre los efectos de la nulidad y advirtieron que la fragmentación del proceso penal atenta contra la celeridad procesal y el derecho de defensa, al multiplicar audiencias de igual tenor.
Los abogados remarcaron además la posible violación del principio de ne bis in ídem, que prohíbe ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Argumentaron que la nulidad del juicio anterior, originada en un accionar ajeno a los imputados, no puede justificar una nueva persecución penal.
En el escrito de Cosachov se detalla:
“La ley no avala la múltiple persecución penal por un mismo hecho. No autoriza que, por culpa de las vanidades de una jueza, el Estado reinicie un debate en contra de los posibles implicados, haya o no habido veredicto, sentencia o nulidad”.
A su vez, ambas defensas cuestionaron la negativa del tribunal a convocar una audiencia oral para debatir los alcances de la nulidad y las garantías vulneradas.
Según sus presentaciones, limitar la audiencia únicamente al control de prueba restringe el ejercicio pleno del derecho de defensa.
Finalmente, tanto Cosachov como Forlini solicitaron que se revoque la decisión del 5 de noviembre, se declare la nulidad total de los actos procesales posteriores y se unifique el juicio en una única sede judicial.
En subsidio, pidieron suspender las audiencias previstas para noviembre de 2025 y marzo de 2026, hasta que la Cámara de Apelación resuelva los recursos interpuestos.
Ambas defensas formularon además reserva del caso federal, anticipando que, de ser necesario, acudirán a instancias superiores.