🏝️ Una isla desaparece legalmente para salvar a una élite inmobiliaria. En un escándalo que sacude a Extremadura, España, el Gobierno regional ha iniciado una polémica maniobra para evitar la demolición de la lujosa urbanización Marina de Valdecañas, ubicada en una isla del embalse del mismo nombre. ¿La solución? Excluir la isla del mapa de zonas protegidas, aunque el resto del embalse siga bajo protección ambiental.
⚖️ La urbanización, levantada en 2007, fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo en 2014, al comprobarse que se construyó en un área protegida sin permisos. La sentencia ordenaba su demolición total. Sin embargo, el poder político, desde entonces, ha intentado múltiples estrategias para evitar cumplirla.
👥 En el exclusivo complejo —bautizado por la prensa como el “paraíso extremeño de los famosos”— tienen o tuvieron propiedades personalidades como el hijo del expresidente José María Aznar, empresarios de apellidos pesados como los Huarte, los Vargas Zúñiga y los Abelló, el bisnieto del rey Alfonso XIII (Alfonso Galobart) y hasta el cantante Carlos Baute, quien ya vendió su vivienda.
🏗️ La construcción se mantuvo pese a los fallos judiciales, gracias al apoyo de sucesivos gobiernos autonómicos. En 2023, incluso se aprobó una ley a medida para intentar blanquear el emprendimiento. Hoy, en 2025, el último intento ha sido el más osado: modificar los límites cartográficos del área protegida para que la isla, y con ella las viviendas ilegales, queden a salvo.
📌 El Tribunal Constitucional tiene ahora la última palabra. Analiza tanto la sentencia del Supremo como los múltiples recursos presentados para detener la demolición, que sería la más grande en la historia de España por construcciones ilegales.
🗣️ “Estamos asistiendo a una legalización encubierta de la ilegalidad”, denunciaron desde organizaciones ambientalistas que exigen el cumplimiento del fallo judicial y el respeto por los espacios naturales protegidos.
🚫 Lo que está en juego no es solo una isla, sino la credibilidad de la justicia ambiental y la lucha contra los privilegios inmobiliarios en zonas protegidas.