El Consejo de Ministros de España ha aprobado un proyecto de ley para proteger a los menores en el entorno digital, con medidas clave que implican a fabricantes, influencers y escuelas.
España ha dado un paso firme para proteger a los menores de los peligros del entorno digital, con un nuevo proyecto de ley orgánica aprobado por el Consejo de Ministros. Este texto abarca un abanico de medidas que involucran a diversos actores, desde los fabricantes de dispositivos tecnológicos hasta los influencers y las instituciones educativas.
🔐 Nuevas responsabilidades para los fabricantes
Los fabricantes de dispositivos deberán incorporar, por defecto, herramientas de control parental, asegurando que los padres y tutores tengan el control necesario para limitar el acceso a contenidos inapropiados para los menores.
📱 El rol de los influencers
Además, los influencers deberán habilitar canales para que los usuarios puedan denunciar contenidos inapropiados que puedan poner en riesgo la seguridad de los menores.
🏫 Regulación en las escuelas
Las escuelas también estarán obligadas a regular el uso de dispositivos electrónicos en el aula, buscando minimizar las distracciones y garantizar un uso adecuado de la tecnología en los espacios educativos.
⚖️ Nuevas tipificaciones penales
Una de las medidas más destacadas es la tipificación de nuevos delitos en el Código Penal. En un contexto marcado por la inteligencia artificial, la ley busca proteger los derechos de intimidad, honor e imagen de los menores. Las famosas “deepfakes” o ultrafalsificaciones, aquellas imágenes o voces manipuladas para simular situaciones sexuales o vejatorias, serán penalizadas severamente.
👾 Grooming y otros delitos digitales
El grooming, es decir, la creación de identidades falsas para engañar a menores y cometer delitos sexuales, también será tipificado como delito.
🌍 Un paso pionero en la UE
Esta iniciativa coloca a España a la vanguardia en la protección digital dentro de la Unión Europea, aunque la normativa aún se adelanta a los desarrollos tecnológicos que podrían ponerle freno a algunas de las prácticas nocivas que pretende regular.
Esta ley es vista como una necesidad urgente para frenar los riesgos que corren los menores en un mundo cada vez más interconectado y digitalizado.