El Gobierno de Javier Milei ha presentado un proyecto de presupuesto que propone reducir un 76% el financiamiento destinado a la prevención y tratamiento de VIH, hepatitis, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual para 2025. De aprobarse, esta reducción implicaría la eliminación de recursos para la compra de medicamentos e insumos, situación que generó alarma entre los especialistas en salud pública y las organizaciones sociales.
La denuncia de organizaciones sociales: “Genocidio planificado”
Ante el Congreso, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis expresó su repudio al proyecto, advirtiendo que la drástica reducción presupuestaria pondría en riesgo las vidas de miles de personas que dependen del sistema público de salud. “La vida no puede esperar”, expresó María Sánchez, líder de la organización Positivos La Matanza, quien describió la compleja situación en el conurbano bonaerense, donde muchas personas carecen incluso de acceso a alimentos.
Según datos de las organizaciones, la falta de insumos ya se está reflejando en los hospitales. Allí, la escasez de preservativos y medicamentos esenciales ha obligado a las personas a interrumpir o modificar sus tratamientos, con consecuencias graves para su salud. Mariana Iacono, fundadora de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), enfatizó que “en Argentina, más de 44 mil mujeres viven con VIH”, y que el deterioro de las condiciones económicas y la falta de políticas públicas de salud agravan su vulnerabilidad.
Consecuencias inmediatas: aumento de casos y tratamientos interrumpidos
La disminución de presupuesto, de 78 millones de dólares en 2023 a 19 millones proyectados para 2025, representa un recorte del 75,72% en el financiamiento destinado al tratamiento de VIH, hepatitis y tuberculosis. José Di Bello, de Fundación GEP, calificó este recorte como un “genocidio planificado”, afirmando que, con el presupuesto previsto, el Ministerio de Salud solo podrá asistir al 25% de la población que actualmente depende de la atención estatal.
Además, Di Bello indicó que en 2023 el presupuesto del Ministerio de Salud destinado a estas enfermedades representaba el 4,8% del total; en 2025, apenas alcanzaría el 0,89%. La reducción de compras públicas ya está impactando: en lugar de los 54 millones de preservativos adquiridos este año, el gobierno planea comprar solo 4 millones para el próximo. Las estadísticas de salud muestran que el impacto de estas políticas ha sido inmediato, con un aumento del 50% en los casos de sífilis y un alza en la tuberculosis, pasando de 12 mil a 15 mil diagnósticos.
Situación en el conurbano bonaerense: un sector vulnerable
En la Provincia de Buenos Aires, el panorama es aún más alarmante. La Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH, representada por Katy Castillo, subrayó la dificultad que enfrentan miles de personas en situación de vulnerabilidad extrema. La mayoría de quienes padecen estas enfermedades en el conurbano reciben pensiones no contributivas insuficientes, mientras los insumos y la alimentación necesarios para mantener sus tratamientos quedan fuera de su alcance.
Para Castillo, la continuidad de los tratamientos es vital no solo para la salud de quienes viven con VIH y otras patologías, sino para toda la sociedad, ya que la falta de tratamiento conlleva el riesgo de aumento en la transmisión de estas enfermedades. “La reducción presupuestaria solo conseguirá que no podamos continuar con nuestros tratamientos, y ante la vulnerabilidad social que atravesamos, nos terminaremos muriendo”, declaró Castillo.
Llamado a la acción: rechazar el recorte y aumentar el presupuesto
Las organizaciones que integran el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis instaron a los diputados a rechazar el presupuesto presentado por el Gobierno y a aprobar un aumento en las partidas destinadas a estos tratamientos. La ley 27.675, que garantiza la respuesta integral a estas patologías, exige al Estado la provisión de medicamentos e insumos esenciales, una responsabilidad que los especialistas en salud aseguran que el actual presupuesto viola.