En un acto que ha generado preocupación y condena internacional, el régimen de Nicolás Maduro ha cortado el suministro eléctrico en la embajada argentina en Caracas, donde se encuentran refugiados seis opositores al gobierno venezolano. Esta medida, lejos de ser un simple corte de luz, representa un claro intento de intimidación hacia la diplomacia argentina y una violación flagrante de las normas internacionales.
El gobierno argentino, a través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, expresó su profunda preocupación por el incidente y advirtió a Venezuela sobre cualquier acción que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección. Se hizo hincapié en la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas, respaldada por el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual ambos países son signatarios.
Entre los seis asilados políticos que se encuentran en la residencia oficial de la embajada argentina en Caracas se destacan nombres como Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González, quienes han sido cercanos a María Corina Machado, una destacada opositora al régimen de Maduro. Machado, quien enfrenta una prohibición para presentarse a elecciones hasta 2036, es una voz prominente en la lucha por la democracia en Venezuela.
El presidente argentino, Javier Milei, ha instado a Maduro a garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo venezolano y a convocar elecciones transparentes y democráticas. La Cancillería argentina se encuentra diseñando una estrategia diplomática para preservar la vida y la seguridad de los refugiados y facilitar su regreso seguro a Buenos Aires, en medio de la campaña electoral en Venezuela y las tensiones diplomáticas entre ambos países.
Este acto de intimidación por parte del régimen de Maduro contra la embajada argentina en Caracas no solo pone en peligro la seguridad de los asilados políticos y del personal diplomático, sino que también socava los principios fundamentales de la convivencia internacional y la protección de los derechos humanos. La comunidad internacional, incluida la Argentina, debe condenar enérgicamente estas acciones y exigir el respeto a las normas internacionales y la seguridad de todos los involucrados.